La situación en la planta de agroquímicos de San Nicolás se agrava tras la explosión en marzo y el posterior cierre judicial. Los empresarios responden con cesantías y una estrategia que apunta a responsabilizar al Poder Judicial, mientras se desvelan motivaciones ocultas que involucran al passaglismo.
La crisis en la planta de agroquímicos Atanor de San Nicolás tomó un giro alarmante en los últimos días, evidenciando una confrontación no solo laboral, sino también judicial y política.
El 20 de marzo, una explosión en la planta de atrazina de Atanor desencadenó una serie de eventos que tienen en vilo a la comunidad nicoleña. Luego del accidente, que generó una nube tóxica sobre barrios aledaños, la Justicia ordenó el cierre temporal de la planta para evaluar los riesgos ambientales.
Sin embargo, lejos de colaborar con el proceso, la empresa despliega una estrategia de confrontación que incluye suspensiones y amenazas de despidos masivos, responsabilizando al Poder Judicial de la crisis.
El conflicto se intensificó cuando Atanor despidió a 15 empleados, en un claro intento de presionar a las autoridades judiciales, responsabilizar a los grupos ambientalistas -con la Asociación Civil Foro Medio Ambiental de San Nicolás (FOMEA) a la cabeza- e poner en marcha una estrategia buscar apoyo público.
A pesar de que la jueza Luciana Díaz Bancalari, a cargo de la causa, trató de acelerar el proceso judicial, la empresa demoró visiblemente los trámites necesarios para reabrir la planta, alimentando la incertidumbre y el temor en la comunidad.
En ese marco, desde el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás, le dijeron al sitio de noticias Cosa Cierta que “la función judicial en la causa es preservar la salud de la población y el medio ambiente”.
Fuentes cercanas al conflicto sugieren que detrás de esta maniobra existen intereses inmobiliarios que involucran a figuras del Gobierno Municipal, particularmente la familia Passaglia, investigada la Justicia Federal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en una causa en la que cumple un rol clave el polémico juez Marcelo Bailaque, quien suma denuncias por sus supuestos vínculos con el narco Esteban Alvarado, detenido en la cárcel de Ezeiza.
A propósito, en los últimos días la senadora Carolina Losada pidió al Consejo de la Magistratura que investigue si el magistrado compartía contador con el jefe criminal y además la legisladora socialista Lionella Cattalini lo acaba de denunciar penalmente.
Según las versiones que ganan San Nicolás, la empresa estaría buscando justificar el cierre de la planta en para trasladarla a un predio vinculado a los Passaglia, en lo que sería una lucrativa operación inmobiliaria.
Mientras tanto, los trabajadores despedidos y la comunidad siguen atrapados en una situación de incertidumbre, con la planta que permanece cerrada y el proceso judicial sigue su curso.
La estrategia de Atanor, que mezcla presiones laborales con acusaciones contra la Justicia, deja al descubierto una compleja trama de intereses que va más allá de un simple conflicto laboral y que vuelve a tener a los Passaglia en el centro de la escena.
Otro elemento contundente de vinculación es que Atanor y la familia Passaglia comparten abogado: Juan Carlos Marchetti. Pero eso no es todo, algunos medios de San Nicolás publicaron que el profesional del derecho es proveedor municipal (Nro. 2016). Es decir, percibiría sus honorarios para defender a los Passaglia con fondos públicos.
Marchetti, exjuez federal de la dictadura, es el defensor de lafamilia Passaglia en la causa federal de enriquecimiento ilícito y lavado de activos y a su vez es el representante legal de Atanor.
También en la Justicia Federal
Atanor no sólo es investigada por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En el ámbito Federal también existe una causa donde se encuentera acreditada la contaminación ambiental.
El Fiscalía Federal, Matías Felipe Di Lello, pidió la indagatoria de todos los directivos y responsables de la empresa y debe resolver la Cámara de Apelaciones de Rosario, en virtud que el juez Carlos Villafuerte Ruzo oportunamente no hizo lugar.
El Ministerio Público Fiscal les atribuye contaminar el curso del Río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire, mediante el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos Y4, poniendo en riesgo la salud pública, en particular la de los vecinos del Barrio Química y Ponce de León.
En los desechos se detectó la presencia de una elevada cantidad de atrazina en las muestras líquidas, como así también, una elevada presencia de cipermetrina y trifuralina en muestras sólidas.
“Las pruebas que forman parte del expediente son concluyentes y las declaraciones testimoniales de las víctimas, anexadas al grueso cuadro probatorio, son tan dolorosas como angustiantes”, aseguran.