Los diputados Victoria Borrego y Juan Manuel López presentaron un proyecto que busca agilizar la asistencia frente a sequías e inundaciones, elevar los fondos disponibles y sumar beneficios fiscales para los productores afectados.
La atención hacia las contingencias climáticas que golpean al campo volvió a instalarse en la agenda legislativa.
Los diputados nacionales Victoria Borrego y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica (CC), presentaron en el Congreso un proyecto de ley destinado a reformar el actual régimen de emergencia agropecuaria.
La iniciativa busca poner fin a la discrecionalidad de cada gobierno nacional y garantizar que los productores reciban un alivio oportuno cuando las sequías, las inundaciones u otros fenómenos extremos ponen en jaque su capacidad de producir.
El corazón de la propuesta está en la reforma de la Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509, vigente desde 2009. Entre sus puntos centrales, se destacan la agilización de los plazos para declarar la emergencia, la ampliación del financiamiento del Fondo Nacional de Emergencias Agropecuarias (FONEDA) y la incorporación de nuevos beneficios fiscales que, según los autores, se ajustan a las necesidades actuales del sector.
Una reforma que apunta a agilizar los tiempos de respuesta y fortalecer el financiamiento
Uno de los cambios más significativos radica en los tiempos de respuesta. Actualmente, los productores deben esperar semanas o incluso meses para que la Casa Rosada oficialice la declaración de emergencia, trámite imprescindible para acceder a diferimientos impositivos u otras medidas de alivio.
El proyecto plantea que si el Poder Ejecutivo no toma una decisión en los plazos previstos, el silencio se considerará automáticamente como aprobación. De esta manera, se busca evitar dilaciones que, en palabras de los legisladores, terminan convirtiendo la herramienta en un instrumento político.
Otro aspecto clave es la actualización del FONEDA, que permanece congelado desde hace más de una década. La iniciativa propone llevarlo a $130.000 millones, un monto que se acerca más a la magnitud de los daños que generan las contingencias climáticas en la producción agropecuaria. “El fondo actual es absolutamente insuficiente para cubrir la demanda de asistencia en todo el país”, remarcaron Borrego y López, quienes buscarán renovar sus bancas en las elecciones de octubre.
El proyecto también incluye un paquete de beneficios impositivos para los productores que ingresen en emergencia. Entre ellos se destacan la reducción hasta el 0% del impuesto al cheque, la suspensión del pago de anticipos impositivos y la posibilidad de reducir hasta el 0% las alícuotas de derechos de exportación. Se trata de medidas que, según sus impulsores, permitirán dar un respiro inmediato a quienes ven comprometida su actividad.
Con este proyecto, la Coalición Cívica apunta a modernizar una normativa que, en su visión, quedó obsoleta frente a los desafíos del cambio climático y la mayor frecuencia de eventos extremos. La discusión ahora quedará en manos del Congreso, donde distintos bloques deberán definir si acompañan la reforma para dar al campo un esquema de emergencia más ágil, previsible y transparente.