El grupo CIMA, que tiene como socio a la corredora Grassi, se convirtió en el principal acreedor de la agroexportadora. Sobrevuela nuevo pedido de cramdown.
La historia parece no tener fin. Una vez más la firma agroexportadora Vicentin, que entró en default en diciembre de 2019 y enfrenta un complejo concurso de acreedores, se topó con una piedra en el camino. Esta semana, el grupo inversor nacional CIMA anunció la adquisición de la deuda de la empresa con varios bancos internacionales, lo que lo transforma en el principal acreedor y un actor clave en el proceso judicial que lleva varios años.
La operación, concretada el 12 de noviembre y notificada formalmente en los tribunales el 17 de diciembre, implicó la compra de acreencias por poco más de u$s447 millones. Entre las entidades financieras involucradas se encuentran el IFC (u$s205,7 millones), el FMO (u$s122,3 millones), ING (u$s46,5 millones), Rabobank (u$s22,7 millones ), MUFG (u$s12,4 millones), SMBC (u$s12,3 millones) y Natixis (u$s9,9 millones). Fuentes del mercado estiman que CIMA pagó aproximadamente u$s70 millones por estas acreencias, lo que representa 11 centavos por cada dólar de deuda.
En declaraciones posteriores a la transacción, CIMA manifestó su intención de destrabar el proceso judicial y trabajar en una solución que permita reactivar la compañía que antes de su caída era la principal agroexportadora de bandera argentina. “Nuestro compromiso está enfocado en garantizar la continuidad de la empresa, preservar las fuentes laborales y aportar al desarrollo del sector”, expresaron representantes del grupo inversor.
Un dato no menor es que el grupo CIMA se asoció para esta movida con la corredora Grassi, que lidera el grupo de disconformes con el plan de pagos propuesto y avalado por doble mayoría. Además, el estudio Casanova, Mattos & Salvatierra Abogados fue el asesor y encargado de armar la estrategia.
Desde Vicentin, el directorio aseguró que la adquisición de la deuda por parte de CIMA no cambia su estrategia para finalizar el concurso preventivo. “Seguimos enfocados en alcanzar una resolución que permita estabilizar la empresa y garantizar su continuidad operativa”, indicaron. No obstante, advirtieron que la demora en las decisiones judiciales afecta significativamente su capacidad financiera. La empresa informó que ya ha agotado su disponibilidad de caja para financiar las operaciones cotidianas y no cuenta con recursos suficientes para afrontar un eventual “cramdown”.
El “cramdown”, un mecanismo contemplado en la legislación argentina, permitiría a terceros presentar una oferta para competir con el plan de pagos original de Vicentin y hacerse con la operatoria de la compañía. Este proceso está bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe decidir entre homologar el plan presentado por la agroexportadora o dar lugar a esta alternativa.
De cualquier manera, este movimiento estratégico por parte de CIMA reconfigura el escenario del concurso preventivo, generando incertidumbre y expectativa entre los distintos actores involucrados. La resolución de la Corte Suprema será determinante para definir el futuro de Vicentin, que atraviesa un momento crítico tanto a nivel judicial como financiero.