Más de 150.000 denuncias vinculadas con grooming y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales se registraron el año pasado en Argentina.
El escalofriante dato forma parte de Investigar para proteger, una guía técnica presentada por Unicef Argentina para orientar a operadores judiciales en causas que involucran delitos cometidos en internet y evidencia digital.
Según el informe, las denuncias ingresaron al país desde el National Center for Missing and Exploited Children(Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados o NCMEC), con más de 240.000 archivos y más de 437.390 niñas, niños y adolescentes víctimas. La curva muestra un crecimiento sostenido: en 2016 habían sido 8.840 reportes; en 2024, 120.162.
Una guía para investigar delitos que cruzan plataformas y fronteras
Unicef advirtió que internet facilitó nuevas formas de acoso, explotación y circulación de material de abuso sexual contra menores. Hoy, la distancia física ya no es una barrera para los agresores: una víctima puede estar en una provincia, el sospechoso en otra jurisdicción y la evidencia alojada en servidores fuera del país.
Por ese motivo, el informe parte de una idea central: estos delitos requieren una respuesta judicial rápida, técnica y coordinada. La evidencia puede desaparecer en poco tiempo, quedar alojada en servidores de otros países o fragmentarse entre distintas plataformas.
Con ese objetivo, se plantean tres pasos para una investigación eficiente:
- Primero, identificar el hecho denunciado y encuadrarlo en una figura legal.
- Segundo, resguardar la evidencia digital.
- Tercero, avanzar con medidas para identificar al sospechoso e investigar la maniobra.
El informe remarca además que la evidencia digital tiene una lógica distinta a la prueba física tradicional: necesita preservación, extracción, análisis y presentación bajo criterios técnicos. Y ese punto es clave: chats, correos, perfiles, imágenes, videos, direcciones IP, registros de acceso y archivos pueden ser eliminados, modificados o perder trazabilidad.
En casos de grooming, la víctima o su familia suelen tener parte de la información: conversaciones, mensajes, fotos, videos recibidos o datos de cuentas utilizadas por el agresor. La guía recomienda aportar ese material de manera inmediata, intacta y sin borrados parciales, para evitar que la recuperación se vuelva más difícil.
En investigaciones por explotación sexual en línea, muchas causas comienzan con reportes del NCMEC. En Argentina, esos reportes son recibidos por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez establecida la posible jurisdicción desde donde se conectó el sospechoso, la denuncia se remite a la provincia correspondiente para su investigación.
El documento insiste en que el trabajo debe ser jurídico y técnico desde el comienzo. La fiscalía necesita construir una hipótesis del caso junto con especialistas informáticos, pedir la información correcta a plataformas y proveedores, preservar la cadena de custodia y sostener la validez de la prueba durante todo el proceso.
Deepfakes y nuevas formas de abuso digital
La guía de Unicef, elaborada por Daniela Dupuy, directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad Austral y fiscal especializada en cibercrimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también incluye una advertencia sobre los deepfakes. El informe los describe como imágenes hiperrealistas manipuladas digitalmente que muestran a niñas, niños, adolescentes o adultos haciendo o diciendo cosas que nunca ocurrieron, muchas veces en situaciones sexuales.
La incorporación de inteligencia artificial agrava el desafío. Para la Justicia ya no alcanza con determinar quién compartió un archivo o desde qué cuenta se difundió. También debe analizar si el contenido fue creado, editado o manipulado mediante herramientas digitales.
La guía señala que los deepfakes no están legislados en algunos países de la región, lo que dificulta la investigación y el procesamiento de casos de abuso sexual en línea. Esa falta de regulación aparece como uno de los nuevos problemas para los sistemas judiciales frente a agresores que incorporan tecnologías cada vez más sofisticadas.
Además, se destaca la necesidad de cooperación internacional. Los agresores, las víctimas, los servidores y las empresas tecnológicas pueden estar en países distintos. Esa dinámica debilita los criterios tradicionales de territorialidad y exige mecanismos ágiles entre Estados, fuerzas de seguridad, fiscalías y proveedores de servicios de internet.