La Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería rechazó un recurso presentado por la empresa Pluspetrol SA, que tiene la concesión del área denominada CNQ 7A. La petrolera frenó las inversiones con el argumento de que el área está agotada, pero un estudio demuestra que hay una zona donde se deben ejecutar pozos exploratorios.
El Gobierno Provincial intimó a la empresa Pluspetrol SA a realizar la perforación de al menos dos pozos exploratorios en el área denominada CNQ 7A, que tiene concesionada junto a YPF. En el plan de inversiones, la petrolera Pluspetrol SA no tenía previsto realizar ninguna perforación nueva con el argumento de que el área estaba agotada. Ante ese escenario, la Subsecretaria de Hidrocarburos y Minería realizó una auditoría integral del área CNQ 7A para establecer con mayor detalle la realidad geológica actual de los campos y las posibilidades de descubrimiento de nuevos horizontes de producción a partir de la perforación de nuevos pozos. En el informe de la auditoría integral del área CNQ 7A surge la posibilidad de que exista un corredor norte-sur de arenas de la Formación Centenario Inferior cargadas con petróleo entre dos pozos ya existentes, situación que habilita la posibilidad de nuevos descubrimientos.
Pluspetrol SA presentó un recurso de reconsideración ante la decisión de la Provincia de exigirle que cumpla con las inversiones previstas en el área concesionada. Ese recurso fue rechazado y ahora el Gobierno Provincial intimó a Pluspetrol a proceder con los trabajos solicitados.
“Si la operadora del área sostiene que los yacimientos que se encuentran actualmente en producción no se pueden expandir, ya que se ha encontrado y perforado los límites de los mismos, no quedando otra alternativa más que producirlos sin ser perforados, surge la necesidad imperiosa de que la Empresa realice la búsqueda de nuevos yacimientos y la confirmación de la existencia de los mismos mediante la ejecución de pozos exploratorios, que permitan conocer fehacientemente que aquellos posibles reservorios que se pusieron de manifiesto en la Auditoria ejecutada sean productivos o deban ser desestimados”, detalló la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería de La Pampa. Agregó que “es a partir de la perforación de un pozo exploratorio que se puede confirmar o no la información obtenida por métodos indirectos. Esa es la única manera de verificar concretamente la existencia de hidrocarburos en un lugar determinado”.
El criterio sostenido por las autoridades provinciales se orienta desde siempre a sostener la producción de petróleo y gas en toda la provincia, generando mano de obra local y desarrollo de proveedores pampeanos, hecho que viene de la mano con la obligación de explorar todas las posibilidades de cada área.
Facturación
Para exigir el cumplimiento del plan de inversiones a Pluspetrol, el Gobierno provincial también tuvo en cuenta que “desde el año 2020 y hasta fin del 2024, las áreas en cuestión permitirán facturar a las empresas titulares de las mismas, ingresos aproximados por u$s 699.477.526,82, de los cuales u$s 98.540.971,23, aproximadamente, habrán sido facturados este año. El costo promedio de la perforación de un pozo en las áreas en cuestión ronda los u$s 900.000, según declara la Empresa en sus DDJJ de inversiones ejecutadas en 2022. Por lo tanto, si consideramos que un pozo exploratorio amerita un mayor número de ensayos y perfiles a correr de manera de conocer las características de la nueva zona de estudio, el costo de perforación del mismo podría ascender a u$s 1.200.000”.
Como conclusión de ello, la provincia “dispuso rechazar el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio y el pedido de suspensión de plazos solicitado por Pluspetrol SA ordenando procedan con los trabajos solicitados a través de la disposición cuestionada por la operadora”.
La actividad hidrocarburifera en La Pampa no solo es fuente de trabajo y desarrollo para la economía local de cuya renta participan todos los municipios de la provincia, sino que además desde el año 2020 ha pasado a ser una herramienta para la transición energética plasmada en la Ley de Desarrollo Energético que tiene por objetivo la generación de energía renovable y limpia a partir del aprovechamiento de los recursos que aporte la producción de hidrocarburos, en su condición de recursos no renovables.