El Senado se prepara para debatir en las próximas semanas un paquete de proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei, entre los que se destacan reformas en materia de discapacidad y salud mental que generan fuerte controversia.

La estrategia oficial apunta a tratar estas iniciativas en la Cámara alta, donde el oficialismo —conducido por Patricia Bullrich— logró articular una mayoría con bloques aliados, lo que le permitiría asegurar la aprobación o, en caso de modificaciones, tener la última palabra legislativa.

Uno de los puntos centrales del proyecto sobre discapacidad es la modificación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793, con la derogación de varios artículos vinculados a la cobertura universal de beneficios.

Entre los cambios propuestos, se establece un reempadronamiento obligatorio para quienes perciben pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. En caso de no cumplir con este requisito, se prevé la suspensión automática del beneficio.

Además, el proyecto fija el monto de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina adicionales vinculados a factores como la zona geográfica o la invalidez laboral.

En el plano laboral, introduce la incompatibilidad total entre la percepción de la pensión y el empleo formal, lo que impediría a las personas con discapacidad mantener el beneficio si acceden a un trabajo registrado.

También se plantean cambios en los incentivos para la contratación de personas con discapacidad y en el esquema de financiamiento del sistema, habilitando acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, lo que implicaría una desregulación en la administración de recursos.

Las medidas generaron preocupación en organizaciones y familiares, que advierten sobre un retroceso en derechos y un endurecimiento de las condiciones de acceso. En ese marco, se presentó una denuncia judicial contra el Presidente y otros funcionarios, entre ellos el ministro de Salud Mario Lugones, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona.

La causa quedó radicada en un juzgado federal y refleja el creciente conflicto en torno a las políticas sociales y sanitarias impulsadas por el Ejecutivo nacional.