El conflicto entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el diario Ámbito Financiero presentara una acción de amparo contra el Estado para que sus cronistas acreditadas recuperen el acceso a la Casa Rosada.

La presentación apunta a restituir de manera inmediata el ingreso de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, quienes históricamente cubren la actividad del Poder Ejecutivo. El reclamo incluye además una medida cautelar para que se levante el bloqueo mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

La demanda fue impulsada por las empresas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., responsables del medio, y sostiene que la restricción vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

El conflicto se originó cuando el Gobierno decidió revocar sin previo aviso las acreditaciones y accesos de todos los periodistas que ingresaban habitualmente a Balcarce 50, lo que impidió el trabajo cotidiano de cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos. La medida fue ejecutada por el área encargada de la seguridad presidencial.

Desde el oficialismo justificaron la decisión como una acción preventiva vinculada a una denuncia por presunto espionaje ilegal, luego de que periodistas de un canal de noticias fueran señalados por registrar imágenes dentro del edificio sin autorización. A partir de ese episodio, se dispuso una restricción generalizada.

El eje central del amparo radica en cuestionar esa decisión indiscriminada. Desde el medio sostienen que, aun si existiera una conducta irregular puntual, no corresponde aplicar una sanción masiva a periodistas y medios ajenos al hecho investigado, señalando además la falta de una orden judicial que respalde una medida de tal alcance.

El caso se da en un contexto de creciente tensión entre la administración de Javier Milei y el periodismo, marcado por cuestionamientos públicos a distintos medios y restricciones en el acceso a la información oficial.

Mientras tanto, otros sectores evalúan avanzar con acciones similares y desde la oposición ya reclamaron explicaciones formales. También se analiza la posible intervención de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

Por el lado del Ejecutivo, sostienen que se trata de una medida transitoria vinculada a cuestiones de seguridad, aunque hasta el momento no se informó un plazo concreto para normalizar la situación.

Ahora, la discusión quedó en manos de la Justicia, que deberá definir si la restricción al ingreso de la prensa constituye una limitación ilegítima de derechos fundamentales, en un escenario donde se tensionan la seguridad, la transparencia y la libertad de prensa.