El Gobierno nacional autorizó el despliegue de tropas de Estados Unidos en territorio argentino para la realización de ejercicios militares conjuntos, en una decisión que generó cuestionamientos por no contar con la aprobación del Congreso.

Las maniobras, denominadas “Daga Atlántica” y “Passex”, fueron oficializadas mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete. Según el Ejecutivo, el objetivo es fortalecer la interoperabilidad entre fuerzas y posicionar a Argentina como socio estratégico en materia de seguridad internacional.

Sin embargo, la medida despertó críticas debido a que la legislación vigente establece que el ingreso de tropas extranjeras debe ser autorizado por el Poder Legislativo. Desde el oficialismo argumentaron que recurrieron al decreto ante la falta de tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.

El ejercicio “Daga Atlántica” se extenderá hasta el 12 de junio e incluirá operaciones terrestres, aéreas y marítimas en distintos puntos del país, como la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea en Moreno.

Por su parte, el operativo naval “Passex” se desarrollará en la zona económica exclusiva del Atlántico Sur y contará con la participación de unidades de la Armada estadounidense, entre ellas el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, junto a efectivos de la Armada Argentina.

En total, participarán alrededor de 200 efectivos, con presencia de personal de fuerzas especiales de ambos países y despliegue de aeronaves como el Hércules C-130H, el C-17 Globemaster III y el C-146 Wolfhound.

La decisión se da en un contexto internacional de alta tensión, con conflictos en Medio Oriente, y tras una reprogramación previa de las actividades militares. Según se informó, el despliegue será menor al previsto originalmente.

El costo estimado del operativo ronda los 428 millones de pesos, que serán financiados por el presupuesto del Estado Mayor Conjunto argentino.

El caso reabre el debate sobre los límites del uso de decretos en materia de defensa y el rol del Congreso en la autorización de actividades militares extranjeras en el país.