La muerte de dos trabajadores de la empresa Aguas del Norte mientras realizaban tareas en un sistema cloacal en la localidad salteña de La Unión generó conmoción y fuertes reclamos por las condiciones laborales en las que desempeñaban sus tareas.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en Rivadavia Banda Sur y guarda similitudes con la tragedia ocurrida en Santa Rosa el 22 de octubre de 2024, cuando Claudio Olgado y Ezequiel Uriarte, operarios de la firma Vial A, murieron intoxicados dentro de una cloaca mientras intentaban remover una obstrucción.

En Salta, las víctimas fueron identificadas como Emanuel Aguirre y Raúl Torres. Ambos trabajaban para la empresa estatal Aguas del Norte y habían sido convocados para realizar tareas de desobstrucción del sistema cloacal.

Según relataron vecinos y autoridades locales, Aguirre fue el primero en descender al pozo y luego ingresó Torres. De acuerdo con las primeras pericias médicas, ambos habrían inhalado gases tóxicos que los descompensaron y provocaron su caída dentro de la alcantarilla, que tendría entre cinco y siete metros de profundidad.

Tras advertir la situación, otro operario, Leonardo Méndez, intentó rescatarlos atándose una cuerda al cuerpo, pero también sufrió una descompensación. Finalmente, un cuarto trabajador, Lisandro Ruiz, pidió ayuda a los gritos mientras intentaba sacar a sus compañeros.

Vecinos de la zona acudieron rápidamente para colaborar en el rescate. Torres habría sido retirado con vida, aunque murió camino al hospital. Méndez permanece internado en terapia intensiva en grave estado, mientras que Ruiz recibió el alta médica con indicación de asistencia psicológica.

El caso desató una fuerte reacción social en La Unión y Rivadavia Banda Sur. Vecinos realizaron una marcha silenciosa para exigir justicia y cuestionaron las condiciones de seguridad laboral en las que trabajaban los operarios.

Desde la Red contra la Violencia Institucional denunciaron que las muertes “son consecuencia directa de políticas precarizadoras” y apuntaron contra la empresa y el gobierno provincial. También rechazaron que el hecho sea presentado como un simple accidente laboral.

Familiares de las víctimas aseguraron que los trabajadores no contaban con todos los elementos de seguridad necesarios para tareas en espacios confinados. El padre de Emanuel Aguirre afirmó incluso que su hijo debía llevar sus propias herramientas para trabajar.

El Senado salteño aprobó un pedido de informes dirigido a Aguas del Norte para conocer qué protocolos de seguridad existían, si los operarios tenían máscaras, arneses, detectores de gases y sistemas de respiración adecuados, y si intervino la ART tras el hecho.

La investigación quedó a cargo de la fiscala penal de Pichanal, María Sofía Fuentes.

El episodio volvió a poner en debate las condiciones laborales en trabajos de alto riesgo. En Santa Rosa, la Justicia ya había condenado en septiembre de 2025 a un responsable de Seguridad e Higiene de la empresa Vial A por las muertes de Olgado y Uriarte, ocurridas en circunstancias similares.