El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido el viernes luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena por corrupción. La medida se tomó en la causa que investigó el desvío de fondos públicos durante su gestión.

Junto con Urribarri también fueron detenidos su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, Pedro Báez, quienes deberán comenzar a cumplir las penas impuestas por la Justicia.

Urribarri y Aguilera fueron trasladados a Paraná y quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Las detenciones se produjeron pocas horas después de que la Corte rechazara los recursos extraordinarios presentados por las defensas. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El exgobernador había sido condenado el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La investigación se concentró en el presunto direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial del Gobierno de Entre Ríos entre 2010 y 2015.

La causa

De acuerdo con la acusación, durante ese período se realizaron pagos a empresas que no tendrían actividad real y se habría utilizado un esquema de testaferros que benefició a Aguilera. El expediente también incluyó gastos vinculados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

En la misma causa, Aguilera y Báez fueron condenados a seis años de prisión. La decisión de la Corte también alcanzó a otros condenados que habían presentado recursos extraordinarios, entre ellos Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Belén Almada.

Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 y posteriormente fue designado embajador argentino en Israel.

En noviembre de 2024 ya había permanecido detenido durante 50 días por orden de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, que había considerado que existía riesgo de que se frustrara el proceso. Esa medida fue revocada en enero de 2025 y, desde entonces, el exmandatario permanecía en su domicilio a la espera de una resolución definitiva.

Condena firme

Con el rechazo de los recursos, la Corte Suprema dejó firme la condena de ocho años de prisión contra Urribarri por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Según la investigación, el entonces gobernador habría direccionado contrataciones de publicidad estatal para fines particulares. En esas maniobras, Aguilera habría resultado beneficiado mediante un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos provenientes de la pauta oficial en la vía pública.

La acusación incluyó cinco hechos principales. Entre ellos, el otorgamiento de publicidad estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva; el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial mediante las firmas Tep SRL y Next SRL; y la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”.