Central Puerto, empresa vinculada al empresario Nicolás “Nicky” Caputo, vendió su participación en la minera canadiense AbraSilver por US$163,1 millones, luego de haber invertido alrededor de US$25,5 millones en 2024. La operación dejó una diferencia cercana a los US$137,6 millones y generó cuestionamientos políticos debido a que se concretó después de que el Gobierno de Javier Milei incorporara al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) el proyecto minero Diablillos, ubicado entre Salta y Catamarca.

La operación fue cuestionada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien la calificó como un “pasamanos”. El planteo apunta a que la participación de Central Puerto se habría valorizado de manera significativa luego de la incorporación del proyecto al régimen de beneficios impulsado por el Gobierno nacional.

Según comunicó Central Puerto, la empresa decidió desprenderse de la totalidad de las acciones que poseía en AbraSilver porque consideró que esa inversión “ya no revestía carácter estratégico”. Tras concretar la venta, el directorio aprobó además el reparto de un dividendo extraordinario entre sus accionistas.

La operación representó una rentabilidad en dólares cercana al 539 por ciento en aproximadamente dos años, de acuerdo con la reconstrucción difundida sobre el caso.

La valorización tras el RIGI

El proyecto Diablillos contempla una inversión inicial aprobada de US$481,7 millones, con una proyección que podría elevarse hasta los US$764 millones. La iniciativa cuenta, según informó el Gobierno de Salta, con estudios de factibilidad y evaluaciones de impacto ambiental correspondientes a Salta y Catamarca.

El RIGI contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad para esas condiciones durante un período de hasta 30 años. La incorporación de proyectos al régimen puede modificar sustancialmente sus condiciones económicas y, en consecuencia, su atractivo para los inversores.

Durante el tratamiento legislativo del RIGI, sectores de la oposición habían advertido sobre el riesgo de que la valorización de las compañías beneficiadas derivara en operaciones especulativas.

Entre las propuestas discutidas figuraba establecer durante cinco años restricciones para la transferencia de acciones de empresas cuyos proyectos fueran incorporados al régimen. También se planteó la creación de una cuenta de garantía, conocida como escrow, en la que las compañías debían depositar el equivalente al 30 por ciento de la inversión comprometida, sujeto al avance efectivo de las obras.

El objetivo de esas propuestas era evitar que el incremento en la rentabilidad esperada de los proyectos elevara rápidamente el valor de las empresas y generara incentivos para vender las participaciones antes de concretar las inversiones comprometidas. Esas modificaciones finalmente no fueron incorporadas al régimen.

Antecedentes bajo discusión

El caso también fue comparado con operaciones realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri en torno a los parques eólicos. El paralelismo planteado apunta a negocios en los que empresarios adquirieron contratos o activos y posteriormente los vendieron a valores superiores luego de modificaciones en las condiciones económicas impulsadas por el Estado.

Otro antecedente mencionado es el de Socma, la empresa de la familia Macri, que vendió su participación en Autopistas del Sol (Ausol) después de una fuerte valorización de las acciones asociada al incremento de las tarifas durante aquella administración.

En el caso de AbraSilver, Central Puerto sostiene que la venta respondió exclusivamente a una decisión empresarial y que la participación había dejado de ser considerada estratégica. La compañía concretó la venta del total de las acciones que mantenía en la minera y posteriormente resolvió distribuir un dividendo extraordinario.

La operación abrió nuevamente el debate sobre el funcionamiento del RIGI y sobre quiénes capturan la valorización generada por los beneficios otorgados por el Estado. El eje de la discusión pasa por determinar si esos incentivos terminan destinados a impulsar las inversiones comprometidas o si también pueden generar ganancias financieras para los accionistas antes de que los grandes proyectos mineros entren efectivamente en producción.