Trabajadores del Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Rosa y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) presentaron un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que rechazó el pedido de remoción del juez Pablo Díaz Lacava.

La presentación fue realizada por la UEJN, a través de su secretario general, Julio Piumato, junto con 13 empleados del TOF que denunciaron situaciones de violencia laboral en ese ámbito.

Los recurrentes solicitaron que el fallo sea considerado inválido en los aspectos cuestionados y que se disponga un nuevo análisis por parte del órgano constitucionalmente competente.

Los cuestionamientos al fallo

El planteo no pretende que la Corte Suprema destituya directamente a Díaz Lacava ni que reemplace al Jurado de Enjuiciamiento en la función que establece la Constitución. El objetivo es que el máximo tribunal revise los criterios jurídicos y probatorios utilizados para rechazar la remoción.

Entre los puntos cuestionados aparecen la forma en que fueron valorados hechos que, según los denunciantes, estaban acreditados; la consideración de determinadas conductas como atenuantes y el análisis del contexto en el que se produjeron.

También se cuestiona que el carácter interno de las situaciones denunciadas haya sido utilizado como elemento para reducir su gravedad, así como la valoración de vínculos externos o relaciones cordiales como elementos que contradijeran las acusaciones.

Otro de los planteos apunta a la fragmentación de los hechos, en lugar de analizarlos como parte de un posible patrón de conductas. El recurso también cuestiona la diferenciación entre las consecuencias permanentes, el daño y la violencia laboral, además del tratamiento de las víctimas y la consideración de posibles estereotipos.

Los trabajadores y el sindicato sostienen además que el fallo no habría considerado de manera suficiente las obligaciones de prevención y protección, la respuesta dada desde el ámbito penal, los posibles riesgos vinculados con el regreso al lugar de trabajo y las consecuencias que la situación podría tener sobre la salud, la dignidad y la trayectoria laboral de las personas denunciantes.

Derechos laborales dentro del Poder Judicial

Uno de los argumentos centrales del recurso sostiene que las normas destinadas a prevenir y sancionar la violencia y el acoso laboral deben aplicarse también dentro del propio Poder Judicial.

“Si violencia, acoso y asimetría son jurídicamente relevantes fuera del Poder Judicial, también lo son dentro de un tribunal”, plantea la presentación.

Según los recurrentes, existe además una cuestión institucional vinculada con la obligación del Poder Judicial de garantizar internamente los mismos derechos que reconoce en sus decisiones hacia el resto de la sociedad.

El escrito también plantea cuestionamientos vinculados con la posibilidad de que terceros afectados puedan acceder a una vía efectiva de tutela, además de discutir el alcance de la garantía de “buena conducta” exigida por la Constitución para los magistrados.

La cuestión federal

El recurso solicita que se consideren formalmente planteadas y mantenidas las distintas cuestiones federales y convencionales invocadas durante el proceso.

Entre ellas aparecen el alcance de la irrecurribilidad prevista en el artículo 115 de la Constitución Nacional frente a derechos de terceros, la legitimación y la tutela judicial efectiva, la interpretación del requisito de “buena conducta” establecido en el artículo 110, las condiciones dignas de trabajo y la estabilidad contempladas por el artículo 14 bis, la igualdad y la perspectiva de género y la aplicación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia y acoso.

Los denunciantes también sostienen que el pronunciamiento cuestionado presenta arbitrariedad por contradicciones, fragmentación de los hechos e inferencias que, a su criterio, no tendrían sustento lógico suficiente.

La presentación busca así que la Corte analice esos planteos y determine si los criterios utilizados para rechazar la remoción resultan compatibles con las garantías constitucionales y convencionales invocadas.