El Concejo Deliberante de Catriló rechazó la suspensión de la intendenta Graciela Nidia López, luego de que la propuesta impulsada por bloques opositores no alcanzara los dos tercios necesarios en la votación.

El dictamen de mayoría, que planteaba apartarla del cargo por 60 días tras detectar presuntas irregularidades administrativas, obtuvo cinco votos a favor y tres en contra, quedando finalmente desestimado.

El concejal Bautista Cestac Cufré, integrante de Juntos por el Cambio y presidente de la comisión investigadora, expresó su preocupación por la decisión y sostuvo que “no era una cuestión de poder”, sino una herramienta institucional para sancionar conductas indebidas. En ese sentido, consideró “triste” que, pese a las irregularidades señaladas, “no haya consecuencias”.

Entre los puntos observados se mencionaron el uso de fondos con destino específico para otros fines, facturación de trabajos que no habrían sido realizados por quienes los cobraron y contrataciones consideradas irregulares. También se advirtió sobre el fraccionamiento de gastos para evitar controles legales, especialmente en obras públicas.

La comisión investigadora, conformada en octubre de 2025 por representantes de distintos bloques, elaboró dos dictámenes. El de mayoría —firmado por ediles del Frente Justicialista Pampeano y Juntos por el Cambio— calificó los hechos como “faltas graves” y recomendó la suspensión, además de evaluar una eventual remisión a la Justicia. En tanto, el dictamen de minoría, respaldado por el oficialismo de Comunidad Organizada, consideró que las situaciones analizadas no configuraban gravedad institucional.

Durante el debate también se señalaron deficiencias en la rendición de cuentas de programas con financiamiento provincial, irregularidades en el manejo de fondos del plan de viviendas sociales y la falta de acceso a documentación clave por parte del Ejecutivo municipal, lo que fue interpretado como un obstáculo al control.

Tras la votación, desde la oposición adelantaron que evaluarán los próximos pasos en otros ámbitos y remarcaron que la discusión podría trasladarse al plano judicial o quedar sujeta al análisis de la ciudadanía en futuras elecciones.