San Martín: condenaron a cuatro exintegrantes de la Fuerza Aérea por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín condenó a 25 años de prisión a cuatro exintegrantes de la Fuerza Aérea Argentina por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Los condenados son el exteniente primero Juan Carlos Herrera, el excabo José Juan Zyska, el excapitán Ernesto Rafael…

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El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín condenó a 25 años de prisión a cuatro exintegrantes de la Fuerza Aérea Argentina por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Los condenados son el exteniente primero Juan Carlos Herrera, el excabo José Juan Zyska, el excapitán Ernesto Rafael Lynch y el excabo principal Julio César Leston. El fallo los consideró coautores de crímenes perpetrados contra 111 víctimas, en el marco de un accionar represivo sistemático.

La sentencia también dispuso la exoneración de los imputados y la suspensión de sus beneficios jubilatorios y pensiones, en línea con la gravedad de los delitos comprobados.

Durante el juicio se acreditó el funcionamiento de un circuito represivo en la denominada Subzona Militar 16, que incluyó centros clandestinos como la Mansión Seré y la Regional de Inteligencia Buenos Aires. En esos lugares, las víctimas fueron sometidas a secuestros, torturas y distintos tipos de violencia.

Por primera vez, la Justicia incorporó en una condena los delitos cometidos en la VIII Brigada Aérea de Moreno, además de hechos ocurridos en dependencias policiales de esa ciudad y en las brigadas aéreas de El Palomar y Morón.

El tribunal encontró a los acusados culpables de privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos por motivos políticos, coacciones y también delitos sexuales, que fueron sumados durante el proceso judicial.

Desde la fiscalía se remarcó que las víctimas padecieron un esquema de violencia sistemática orientado a quebrar su voluntad. En ese sentido, se sostuvo que los imputados utilizaron sus cargos para perseguir ilegalmente a personas por razones políticas, en el contexto del terrorismo de Estado que caracterizó a la dictadura cívico-militar argentina.

El fallo se conoció en una audiencia con fuerte presencia de familiares y sobrevivientes, en una nueva instancia judicial que reafirma el proceso de memoria, verdad y justicia en el país.