Concretan la reunión mensual del Ente de Políticas Socializadoras

Se llevó adelante una nueva reunión mensual del Ente de Políticas Socializadoras coordinada por el Ministerio de Seguridad. En esta oportunidad se informó a los representantes sobre las distintas acciones desarrolladas desde las Unidades de Abordaje, Supervisión y Orientación adaptadas al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, Decreto Provincial […]

Se llevó adelante una nueva reunión mensual del Ente de Políticas Socializadoras coordinada por el Ministerio de Seguridad.

En esta oportunidad se informó a los representantes sobre las distintas acciones desarrolladas desde las Unidades de Abordaje, Supervisión y Orientación adaptadas al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, Decreto Provincial 554/20 y Acuerdo N° 3695 del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa.

El encuentro se realizó de manera virtual, modalidad videoconferencia vía plataforma Zoom, para respetar las medidas sanitarias y epidemiológicas recomendadas por Salud, en el marco de la pandemia de COVID-19.

De la videoconferencia participaron el subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad, Agustín García; la directora de Políticas Socializadoras, Mónica Leonor Riquelme; por el Ministerio de Educación la directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Sonia Bruegno; por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos el director de Justicia, Nicolás Idiart; por el Ministerio de Desarrollo Social la subsecretaria de Política Social, Marta Graciela Salvini; el representante del Superior Tribunal de Justicia, Matías Urra; el Juez de Ejecución Penal, Mauricio Pascual; y la diputada provincial Valeria Luján.

El Ente, que rige desde 2016, tiene como finalidad abordar debatir y establecer políticas públicas para contribuir a la disminución de delitos y reincidencia, procurando la inserción social y asistencia material, sin perder de vista la situación personal, el contexto familiar y comunitario de los sujetos en conflicto con la ley penal.