Un trabajador fue condenado a tres años de prisión efectiva por haber disparado contra el encargado de la Planta de Reciclado de Eduardo Castex durante una discusión laboral ocurrida en abril.

La sentencia fue dictada el viernes en el Centro Judicial de Santa Rosa, donde la jueza de Control María Florencia Maza homologó un acuerdo de juicio abreviado. El condenado deberá cumplir la pena en una unidad carcelaria, a la que será trasladado cuando así lo dispongan las autoridades judiciales.

El episodio ocurrió el lunes 13 de abril en la planta ubicada en el sector sur de la localidad. Todo comenzó con una discusión entre el trabajador y el entonces encargado, que luego derivó en una persecución a los tiros.

Durante el enfrentamiento, el acusado habría extraído un arma de fuego y efectuado un primer disparo, aunque el proyectil no salió. Ante la situación, el encargado corrió hacia el acceso al predio y continuó su huida por avenida del Trabajo en dirección al área urbana.

El trabajador lo siguió durante unos 150 metros y, de acuerdo con la investigación, realizó cinco disparos, mientras que otros dos intentos quedaron percutados sin que los proyectiles fueran disparados.

Uno de los balazos impactó en la zona posterior del tórax de la víctima, quien fue trasladada al Hospital Pablo F. Lacoste. Allí recibió atención médica y fue dada de alta pocas horas después, debido a que la lesión no revestía gravedad.

Tras el hecho, el acusado permaneció bajo prisión preventiva y actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario.

La condena

El acuerdo alcanzado entre las partes estableció una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento por los delitos de portación de arma de fuego de uso civil y lesiones.

El fiscal Oscar Cazenave explicó que mediante el juicio abreviado se logró resolver el conflicto entre las dos personas involucradas y que, además de la pena de prisión efectiva, se acordaron medidas restrictivas.

Antes de la audiencia de juicio abreviado, la víctima fue informada sobre los alcances del acuerdo. Según explicó el fiscal, solicitó medidas básicas de protección para cuando el condenado recupere la libertad.

También pidió que se le comunique cualquier eventual acceso a beneficios previstos por la Ley de Ejecución Penal. Las lesiones sufridas fueron acreditadas mediante informes médicos e historias clínicas incorporados a la causa.