La defensa de Cristina Fernández de Kirchner formalizó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una presentación para solicitar la revisión del proceso judicial conocido como Causa Vialidad, por el que la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los abogados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego llevaron el planteo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El equipo jurídico sostiene que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales y busca que el organismo internacional analice el caso y sus consecuencias.

La condena quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por la defensa y ratificara la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2.

El objetivo de los abogados es que el planteo pueda ser incorporado al tratamiento del Comité durante su próxima sesión, prevista para octubre.

El Comité de Derechos Humanos tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que forman parte del tratado.

Sus pronunciamientos no tienen carácter vinculante, aunque pueden ser considerados como antecedentes en posteriores debates jurídicos e institucionales.

Las pruebas presentadas por la defensa

El equipo jurídico de la expresidenta había adelantado el planteo durante una conferencia de prensa realizada el 15 de septiembre. En esa oportunidad, Beraldi presentó documentación que, según su interpretación, podría modificar aspectos centrales de la acusación.

El abogado puso el foco en los fondos destinados a la Dirección Nacional de Vialidad durante los gobiernos de Cristina Kirchner y señaló que, pese al volumen total de recursos administrados, el porcentaje asignado a empresas vinculadas a Lázaro Báez habría representado menos del 1%.

A partir de ese dato, Beraldi sostuvo que la nueva documentación demostraría que no existió una decisión destinada a beneficiar al empresario. También afirmó que las empresas de Báez ocupaban posiciones relegadas en comparación con otras compañías que concentraban una mayor proporción de las obras y que, según su planteo, no tenían vinculación con el gobierno de ese período.

La presentación ante Naciones Unidas incorpora esos elementos como parte de los argumentos con los que la defensa busca que se revise el proceso judicial.