El caso de los funcionarios del Poder Judicial de La Pampa, acusados de incumplir la cuarentena puso en primera plana reclamos que vienen de larga data pero que se intensificaron durante la pandemia. Más allá del resultado de la investigación, algo quedó en claro; en la sociedad del Siglo XXI, los jueces no hablan tan solo por sus sentencias.
Días atrás, el Gobierno provincial se constituyó en calidad de querellante de la causa judicial originada por la denuncia realizada por el subsecretario de Salud, por incumplimiento de la cuarentena, que incluye a integrantes del Poder Judicial. El episodio, además de reavivar la discusión sobre la división de poderes, puso en entredicho a sectores del statu quo pampeano, que deben ahora dar respuesta ante las voces de la sociedad civil que reclaman “la misma vara” para medir el cumplimiento de las normas y protocolos sanitarios.
“El compromiso que le solicitamos a la sociedad, y el esfuerzo que está demostrando frente a la pandemia y el cuidado de la salud de todos, merece nuestra más enérgica respuesta”, sostuvo el gobernador Sergio Ziliotto, antes de confirmar su postura de querellante en la causa. Luego de esto, organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos de La Pampa, exigieron “decisión política” para que los funcionarios sean investigados. La magnitud del hecho, adquirió también resonancia nacional: “Por la imprudencia, La Pampa pasó de un control ejemplar de la pandemia a una ola de contagios”, tituló Télam.
Las palabras de Bensusán
El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán tomo voz protagónica en el asunto y se pronunció en representación del Poder Ejecutivo. “Si no tienen nada que ocultar porqué no dejan que se investigue”, dijo el ministro y también afirmó: “No querrá que la sociedad sepa lo que sucedió”, en relación al abogado defensor de los funcionarios judiciales. Sus declaraciones provocaron la reacción de parte de un grupo de abogados del foro local, que mostraron su “preocupación” por los dichos de Bensusán.
“Estas manifestaciones sorprenden por provenir de un funcionario que es abogado y que se encuentra además a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia. La tarea de los abogados que litigamos en el ámbito penal, tiene por objetivo fundamental garantizar el derecho de defensa en juicio de nuestros defendidos”, dijeron en una nota a El Diario.
Además agregaron: “Este derecho de defensa no sólo se impone por mandato constitucional, sino que además exige al abogado defensor llevar adelante su cometido en el marco de la ley y cuidando el debido proceso y el respeto de las garantías procesales”.
Le señalaron a Bensusán que detrás de sus afirmaciones “se evidencia un desconocimiento de la función de todo abogado defensor, que a la postre resulta injuriante a la función de la Defensa en el marco de un proceso penal”. Incluso, le atribuyeron que “llevar adelante una defensa penal, respetando el debido proceso y ejerciendo en modo responsable la defensa en juicio, implica obstaculizar la investigación”.
“Realmente resulta alarmante que esa sea la mirada del ministro de Gobierno y Justicia respecto al ejercicio del derecho de defensa que se impone. Las estrategias procesales que la defensa desarrolla en el marco de la ley, de ninguna manera pueden constituir un modo de obstaculizar la justicia”, finalizaron.
Más allá del debate técnico y del resultado final de la investigación, la situación generada por el (ya famoso) “brote de Catriló”, derivó en más 170 casos positivos de Covid_19 en la provincia y acentuó el reclamo de parte de la sociedad, que exige a sus funcionarios el máximo de responsabilidad en la gestión de la crisis sanitaria. El episodio marca que los ropajes de neutralidad y objetividad no bastan y que los representantes también deben hablar desde el ejemplo. La “nueva normalidad” representa una oportunidad que incluye a la sociedad en su conjunto, para resolver demandas previas que se potenciaron en la coyuntura pandémica.
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