Tres organizaciones ambientalistas de alcance nacional e internacional presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa para solicitar la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares y frenar su aplicación en todo el país.

La iniciativa fue impulsada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace Argentina, que reclamaron la suspensión de la norma hasta que se resuelva la cuestión de fondo, manteniendo vigente la Ley 26.639.

El planteo judicial, que cuenta con la adhesión de más de 850 mil personas, solicita además una medida cautelar para proteger los glaciares y el ambiente periglaciar, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Se trata de una presentación similar a la que ya habían realizado el Gobierno de La Pampa junto a la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones locales.

Según argumentaron las entidades, la reforma habilita a las provincias a redefinir qué áreas poseen valor hídrico relevante y a modificar el inventario elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Iangla), sin necesidad de respaldar esas decisiones con criterios técnicos.

En ese sentido, advirtieron que todos los glaciares cumplen una función esencial como reservas de agua dulce, por lo que cualquier flexibilización de su protección podría permitir el avance de actividades extractivas en zonas sensibles, con riesgos de contaminación y daños irreversibles.

También remarcaron que estos ecosistemas abastecen de agua a millones de argentinos y sostienen diversas actividades productivas, por lo que su afectación impactaría tanto en el ambiente como en el desarrollo económico a mediano y largo plazo.

Desde el punto de vista legal, el director ejecutivo de FARN sostuvo que la reforma vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano y fija un piso mínimo de protección ambiental que debe garantizar el Congreso.

Además, las organizaciones señalaron que la iniciativa contradice compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú, y cuestionaron el proceso legislativo por considerar que no garantizó una participación ciudadana adecuada, ya que una mínima proporción de los inscriptos pudo exponer durante la audiencia pública.

Por último, advirtieron que provincias como La Pampa podrían verse directamente afectadas, dado que dependen de cuencas hídricas que nacen en zonas cordilleranas donde podrían avanzar proyectos mineros tras la modificación de la ley.

El amparo también cuenta con el respaldo de referentes, organizaciones sociales y de derechos humanos, que coincidieron en señalar que la reforma pone en riesgo reservas clave de agua dulce y representa un retroceso en materia de protección ambiental.