Trabajadores y trabajadoras que brindan servicios a personas con discapacidad se movilizaron en Santa Rosa para reclamar por la falta de pagos del gobierno nacional y expresar su rechazo a modificaciones impulsadas en la legislación vigente. La protesta se desarrolló alrededor de la plaza San Martín y reunió a prestadores, familias y personas con discapacidad.

Una de las voces principales fue Mirta Portalez, titular del centro educativo terapéutico Solar, quien expuso la crítica situación que atraviesa el sector. “En nuestro caso nos adeudan 100 millones de pesos. Hoy no sé si en mayo abro las puertas”, advirtió, al señalar que la acumulación de deuda compromete el funcionamiento de las instituciones.

El reclamo no se limitó a la falta de pagos. También apuntó al proyecto de reforma de la Ley 24.901, enviado al Congreso por el gobierno nacional, que según los manifestantes implicaría cambios en el sistema de prestaciones. En ese sentido, Portalez cuestionó la posibilidad de modificar el nomenclador que fija valores iguales para las prestaciones, independientemente de la cobertura de cada paciente. “Eso garantiza igualdad de derechos. Romperlo sería grave”, sostuvo.

Durante la movilización, también se planteó que los aranceles actuales presentan un atraso cercano al 50% y que los plazos de pago se extendieron muy por encima de los tiempos habituales. “Siempre hubo demoras administrativas, pero no de 150 días como ahora”, remarcaron.

Además, los manifestantes expresaron preocupación por el impacto de las políticas públicas en el sector y por la situación general de áreas sensibles como salud, educación y asistencia social.

En paralelo, desde la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto Patria advirtieron sobre los posibles efectos del proyecto de ley en debate. Señalaron que, si bien es necesario mejorar los controles, algunas medidas propuestas —como auditorías masivas, reempadronamientos obligatorios y restricciones en la compatibilidad entre pensión y empleo— podrían derivar en la pérdida de beneficios por cuestiones administrativas y afectar especialmente a los sectores más vulnerables.

La jornada dejó expuesta la preocupación creciente en el sector, tanto por la continuidad de los servicios como por el acceso a derechos de las personas con discapacidad en el corto plazo.