El Gobierno provincial difundió los resultados del Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) correspondientes al primer relevamiento de 2026, que arrojó un 5,3% de personas en situación de vulnerabilidad. El estudio se realizó entre febrero y marzo en Santa Rosa, General Pico, Toay y Santa Isabel, sobre una muestra de 2.215 hogares que representan a 6.266 personas.

El IVS evalúa si los ingresos de los hogares alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria, cruzando datos declarados en encuestas con información disponible en el Estado. Según se informó, el indicador refleja el impacto de las políticas públicas, especialmente los programas de asistencia alimentaria.

Desde el Ejecutivo destacaron que, sin esas políticas, la situación sería considerablemente más crítica. “De no contar con estos programas, el valor de la indigencia en la Provincia se hubiera incrementado a 14,5%, es decir, 9,2 puntos por encima del indicador actual”, señalaron. En ese sentido, subrayaron el rol del Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE), implementado a través de la Tarjeta Social Pampeana.

El relevamiento fue llevado adelante por 160 personas, entre agentes de los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Salud y áreas sociales municipales. Se trata del séptimo informe desde que se implementó esta medición, que tiene carácter semestral.

En esta oportunidad, el estudio incluyó por primera vez a Santa Isabel, incorporada como representante de la Microrregión 4, lo que permitió ampliar la cobertura territorial y lograr una mayor representatividad provincial.

Al comparar los datos, el IVS muestra un incremento de 1,8 puntos porcentuales respecto de la última medición de 2025, que había sido del 3,5%. Sin embargo, ese relevamiento anterior se había realizado en diez localidades, a diferencia del actual, que abarcó cuatro centros urbanos, lo que introduce diferencias metodológicas a la hora de analizar la evolución.

Desde el Gobierno provincial señalaron que los resultados evidencian la importancia de sostener la inversión en políticas alimentarias para garantizar el acceso a derechos básicos en un contexto económico nacional adverso.