El Gobierno de La Pampa prepara una presentación judicial para cuestionar el decreto nacional que modificó el esquema de distribución de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles y dejó a Mendoza con la totalidad de esos recursos.

La medida del Gobierno de Javier Milei modificó el régimen vigente desde 1973, que establecía un reparto del 50% para La Pampa y el otro 50% para Mendoza por el aprovechamiento hidroeléctrico de las aguas del río Atuel.

La decisión representa un nuevo perjuicio económico para La Pampa y se produce en medio del histórico conflicto interprovincial por el Atuel. La Provincia sostiene desde hace décadas el reclamo para que Mendoza garantice un caudal permanente hacia territorio pampeano, luego de los daños ambientales provocados por la interrupción del río.

El conflicto también tiene como antecedente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2020, que ordenó avanzar en la recomposición ambiental de la cuenca y estableció obligaciones vinculadas con el caudal del río.

Los Nihuiles, en proceso de privatización

La modificación de las regalías adquiere particular relevancia porque el complejo Los Nihuiles atraviesa, al mismo tiempo, un proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

En julio, Nación abrió una licitación nacional e internacional para otorgar durante 30 años la concesión del complejo, junto con la venta de acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A., sociedad que administra el sistema. Ambos procesos se encuentran vinculados y deberán quedar en manos del mismo adjudicatario.

Desde La Pampa cuestionaron que el Gobierno nacional haya modificado el régimen de regalías precisamente cuando se encuentra en marcha una nueva concesión privada del complejo hidroeléctrico.

La Provincia sostiene que Los Nihuiles continuará generando recursos a partir del aprovechamiento de las aguas del río Atuel, pero que, bajo el nuevo esquema dispuesto por Nación, La Pampa dejará de recibir la mitad de las regalías que percibió durante décadas.

Los empresarios que buscan quedarse con el negocio

El proceso de privatización también quedó bajo observación por la participación de grupos empresarios que ya tienen presencia en el sector energético.

Uno de los interesados es la familia Neuss, que expandió su participación en el mercado eléctrico durante los últimos años y que, a través de Edison Energía, posee CEMPSA, compañía vinculada a la operación de centrales hidroeléctricas en Mendoza.

Otro actor relevante es Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía, que ya controla el 52% de Hidroeléctrica Los Nihuiles SA (HINISA), la compañía que explotó durante tres décadas las centrales Nihuil I, II y III hasta el vencimiento de la concesión en 2024.

La competencia entre estos grupos aparece como uno de los principales focos de atención del proceso de privatización.

Uno de los cuestionamientos está relacionado con CEMPSA, que habría realizado tareas de mantenimiento en Los Nihuiles antes del inicio de la licitación. De confirmarse esa situación, la empresa vinculada a los Neuss habría tenido acceso previo al estado de las instalaciones y a información técnica de un complejo por el que posteriormente podría competir.

La cuestión adquiere mayor relevancia debido a los daños registrados en dos de las centrales y a la necesidad de establecer cuánto demandará su recuperación para determinar el verdadero valor del activo.

Otro punto bajo análisis es el esquema de seguros y las eventuales indemnizaciones por los daños existentes. Las estimaciones sobre el costo de recuperación no son coincidentes y una de las alternativas evaluadas rondaría los 100 millones de dólares. El destino de esas indemnizaciones podría quedar vinculado al activo que reciba el próximo concesionario.

Además, la licitación fue diseñada de manera conjunta entre Nación y Mendoza, con una comisión evaluadora compartida para el proceso.

La Pampa prepara la respuesta judicial

El gobernador Sergio Ziliotto anticipó que la Provincia no aceptará la modificación de las regalías y la Fiscalía de Estado trabaja en una presentación contra el Decreto 982/26.

El objetivo de la acción será cuestionar la decisión nacional y defender el derecho de La Pampa a continuar percibiendo los recursos derivados del aprovechamiento hidroeléctrico del río Atuel.

La medida también generó tensión política entre el Gobierno nacional y sus aliados pampeanos. El radicalismo provincial difundió un comunicado en el que expresó una posición crítica frente al decreto, mientras que el vocero presidencial Adrián Ravier evitó pronunciarse sobre el tema ante las consultas realizadas.