La organización agraria cuestionó la decisión del Consejo Directivo del organismo y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la investigación científica pública. También reclamó que se den a conocer los resultados de los estudios realizados por la investigadora sobre los efectos de los agroquímicos.

Bases Federadas expresó su rechazo a la exoneración de la ingeniera Virginia Aparicio, dispuesta mediante la Resolución 366 del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y exigió que la medida sea revisada y revocada para permitir su inmediata reincorporación.

La entidad, que representa a pequeños y medianos productores familiares, chacareros y cooperativistas de distintas regiones del país, consideró que la decisión no solo afecta a la profesional, sino que también pone en discusión la autonomía científica y la capacidad del Estado para generar conocimiento independiente.

Aparicio desarrolló durante años investigaciones vinculadas con la presencia y los efectos de los agroquímicos en el suelo, el agua, los alimentos y la salud humana. Para la organización, esos estudios abordan cuestiones centrales para la producción agropecuaria, como las consecuencias ambientales y sanitarias de las tecnologías utilizadas y las alternativas para avanzar hacia modelos sostenibles.

En ese marco, Bases Federadas advirtió que una sanción de esta magnitud puede generar un efecto intimidatorio sobre investigadores que trabajan en asuntos sensibles o cuyos resultados entran en conflicto con determinados intereses económicos.

El rol del INTA y la investigación pública

La organización sostuvo que el INTA cumple una función estratégica para el desarrollo nacional y que su actividad científica no debe quedar subordinada a las demandas de determinados sectores empresariales.

También planteó que el sistema agropecuario necesita información confiable para evaluar las consecuencias de las tecnologías aplicadas, mejorar las decisiones productivas y desarrollar alternativas que contemplen tanto la rentabilidad como el cuidado ambiental y sanitario.

En ese sentido, remarcó que defender a los productores implica garantizar el acceso al conocimiento y preservar un organismo con capacidad para investigar de manera independiente, plural y orientada al interés público.

Finalmente, Bases Federadas reiteró su pedido de revisión de la Resolución 366, reclamó la reincorporación de Aparicio y exigió que se hagan públicos los resultados de los estudios que la investigadora llevó adelante durante años.

La entidad consideró que el acceso a esa información es fundamental para sostener el debate sobre los sistemas de producción y sus posibles impactos sobre el ambiente y la salud.