El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a cumplir, en un plazo de cinco días, con la medida cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. En caso de que persista el incumplimiento, el magistrado advirtió que podrá imponer multas económicas por cada día de demora.

La resolución fue dictada luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamara que se hiciera efectivo el cumplimiento de una cautelar que se encuentra firme. El fallo alcanza las disposiciones vinculadas con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y con la actualización de las becas y programas de asistencia estudiantil.

Cormick había dispuesto la medida cautelar en diciembre del año pasado, a partir del reclamo presentado por las universidades. La decisión posteriormente fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema.

El Gobierno había intentado que la cautelar fuera levantada al argumentar que las transferencias realizadas durante los últimos meses habían modificado las circunstancias que habían dado lugar a la medida. Sin embargo, el 1 de septiembre el juez rechazó ese planteo y recordó que la cautelar continuaría vigente hasta que existiera una sentencia definitiva.

Un cumplimiento que las universidades consideran incompleto

En junio, el Ministerio de Capital Humano había informado ante la Justicia sobre un acuerdo alcanzado con representantes universitarios y gremiales. Allí se contemplaba una recomposición salarial del 24,33 por ciento, distribuida entre junio y octubre, además de una actualización del 20 por ciento en los gastos de funcionamiento y un incremento de las partidas destinadas a los hospitales universitarios.

Desde el CIN señalaron que la firma de ese documento no significaba abandonar el reclamo judicial y cuestionaron que el Gobierno hubiera presentado esos compromisos como evidencia de un cumplimiento suficiente.

Posteriormente, en una audiencia realizada el 21 de agosto, el Poder Ejecutivo volvió a solicitar que se levantara la medida cautelar. El argumento fue que las transferencias parciales realizadas habían hecho desaparecer el requisito del peligro en la demora.

El planteo fue rechazado por Cormick, quien sostuvo que la medida seguía vigente. Durante septiembre se realizaron además reuniones entre funcionarios, representantes de las universidades y organizaciones gremiales, aunque no se alcanzó un nuevo acuerdo.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, consideró la nueva resolución como un paso para hacer cumplir la medida judicial y reclamó que el Gobierno acate lo dispuesto dentro del plazo establecido.

La intimación establece que el Estado nacional deberá acreditar el cumplimiento efectivo de la cautelar en los próximos cinco días. Si eso no ocurre, el juez podrá aplicar las denominadas astreintes, sanciones económicas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial.