Autoridades sanitarias de todo el país expresaron un fuerte rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental impulsado por el gobierno de Javier Milei, al considerar que implica un retroceso en materia de derechos y políticas públicas.

El posicionamiento se consolidó durante el 3° Encuentro Federal de Salud Mental, realizado en el marco del Congreso Provincial de Salud de Buenos Aires, donde participaron miles de referentes del sistema sanitario. Allí, las provincias cuestionaron que la iniciativa nacional reduce fuentes de financiamiento, introduce nuevas barreras de acceso a la atención y debilita el enfoque comunitario vigente.

Además, señalaron que el proyecto fue elaborado sin consulta a las jurisdicciones, lo que —advirtieron— vulnera principios básicos del federalismo sanitario y desconoce el trabajo que cada provincia viene desarrollando en la implementación de políticas de salud mental.

A través de un comunicado conjunto, autoridades de distintas provincias ratificaron su compromiso con la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, al considerar que se trata de un marco adecuado y alineado con estándares internacionales de organismos como la OMS.

En ese sentido, sostuvieron que la normativa vigente permite adaptar las estrategias a las realidades locales, tanto en atención ambulatoria como en situaciones de urgencia e internaciones, y remarcaron que los principales desafíos actuales pasan por el incremento de la demanda y la necesidad de mayor inversión en el sistema público.

Entre las propuestas, plantearon fortalecer la formación de recursos humanos, mejorar la infraestructura sanitaria, ampliar el acceso a medicamentos y generar espacios de debate federal para abordar las problemáticas comunes.

Por su parte, el proyecto del Ejecutivo introduce cambios significativos: refuerza el rol de la psiquiatría en los equipos interdisciplinarios, modifica los criterios para internaciones involuntarias y redefine el concepto de riesgo. También incorpora de manera formal el abordaje de consumos problemáticos y reconoce a hospitales especializados y clínicas privadas dentro de la red de atención.

Desde las provincias insistieron en que cualquier modificación de la ley debe contemplar la participación activa de las jurisdicciones, en un esquema que respete el carácter federal del sistema de salud argentino.